Inmersos todavía en la quinta ola de la pandemia del COVID-19, cuando sobre una parte importante de la economía española sobrevuela la amenaza de nuevas limitaciones al comercio y la hostelería, y algunos países origen de muchos de los turistas que nos visitan cada verano recomiendan no viajar a nuestro país, recientemente hemos conocido la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística.
Y más allá de los terribles datos sanitarios que el coronavirus nos está dejando, el impacto social y económico en la vida de los españoles ha sido devastador. Por mencionar algunos datos de la Encuesta: el riesgo de pobreza afecta al 21% de la población de nuestro país; más de 3 millones de españoles sufren alguna carencia material grave; el 44% de los hogares españoles solo dispone de recursos para mantenerse durante tres meses en el caso de pérdida total de ingresos; el 20% de las personas con rentas medias ha tenido dificultades en 2020 para llegar a fin de mes…
Otros datos que inciden en que lo dramático de la situación es que el riesgo de pobreza o exclusión aumenta todavía más entre las mujeres y los jóvenes y es peor también en las zonas rurales que en las ciudades.
La agencia de investigación 40dB, especializada en estudios sociológicos y análisis de datos, ha realizado a su vez una encuesta que confirma que la pandemia ha causado estragos en las familias españolas: uno de cada tres encuestados se ha visto afectado en los últimos meses y ha empeorado su situación económica. Además, este efecto ha incidido en mayor grado en las familias más humildes (clase baja y media-baja), que son las que más han sufrido el impacto de la pandemia. Un 40% de ellas asegura, según el estudio, que su situación económica ha empeorado en los últimos meses.
Es el momento por tanto de trabajar conjuntamente, sector público y privado, y poner en marcha medidas que, sin aumentar las cargas impositivas, dinamicen la economía, generen empleo y permitan avanzar en la recuperación económica tan necesaria para el desarrollo del país, garantizando a la vez el apoyo social a los que más están padeciendo esta crisis.
Resulta evidente que una hipotética subida de impuestos que pueda afectar a cualquier acto de consumo como el IVA o la reclasificación de IVA a productos de consumo habitual como los que se realizan, por ejemplo, en el canal horeca, o impuestos que graven productos por un hipotético interés de salud impactan más gravemente a las rentas más desfavorecidas, las más afectadas por la crisis.
Así, según la encuesta de 40dB a la que antes hacía referencia, más de 3 millones de personas con un nivel socioeconómico bajo reducirían mucho su consumo en restaurantes, bares y cafeterías si se produjera una subida de impuestos. Se trata por otra parte de un consumo muy vinculado al estado de ánimo de los ciudadanos.
Concretamente, más del 60% de los encuestados rebajarían su consumo de producirse una subida del IVA 10% sobre los productos en hostelería. Este desincentivo es más grave para los grupos de menor nivel económico. Si, en condiciones normales, su gasto en este canal es más limitado, un aumento de los precios supondría una barrera que terminaría por impedir el acceso a las actividades de ocio vinculadas a hostelería y, por tanto, una situación discriminatoria para las rentas más bajas.
Sufrimos a una crisis que debe ser atajada con estímulos, no con frenos, con la protección y el impulso de la actividad empresarial como principal motor de la recuperación y con medidas que fomenten el consumo, siempre por supuesto en condiciones seguras.
En este sentido, y como vía para la recuperación, insisto aquí en la importancia de mantener el equilibrio fiscal, descartando cualquier subida de impuestos con el objetivo de asegurar una mayor renta disponible en el ciudadano que contribuya a la recuperación del consumo y por tanto del conjunto de la economía española.
*Artículo publicado en el diario El Economista
Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB
