Juntos con la Hostelería, plataforma compuesta por Hostelería de España, la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, FIAB, y la Asociación de Fabricantes y Distribuidores, AECOC, y Hostelería de Valencia, continúa su compromiso con las más de 1.400 empresas de hostelería con diferentes grados de afectación de los 78 municipios damnificados por la DANA.
Juntos con la Hostelería valora positivamente la medida aprobada la pasada semana por el Consejo de Ministros en relación a la regularización por circunstancias excepcionales y sobrevenidas de extranjeros ilegales afectados por la tragedia provocada por la DANA. Una medida que se estima que puede afectar a más de 25.000 personas y que puede ayudar en la reactivación de los negocios. Asimismo, se ha aprobado la agilización de trámites para cerca de 100.000 extranjeros de fuera de la Unión Europea (UE), estos sí empadronados. Entre otras cosas, se facilitará la renovación de permisos de residencia, algunos de ellos con fecha de vencimiento próxima, lo que también se considera un aspecto positivo en la recuperación de la zona.
Unas medidas que junto a otras como la extensión de los plazos de solicitud hasta final del primer trimestre de 2025; simplificación de los procesos administrativos; la incorporación de nuevos períodos de carencia en préstamos ICO del COVID; incremento de ayudas a sectores estratégicos, a pymes y autónomos e incentivos para maquinaria, digitalización y transición ecológica, se solicitaron a las diferentes Administraciones tanto por parte de Hostelería de España como de Hostelería de Valencia.
Los daños en inmuebles, instalaciones, maquinaria y materias primas se calcula que superan los 300 millones de euros de cuantificación, y tras analizar la situación de las empresas, Juntos con la Hostelería insta nuevamente al Consorcio de Compensación de Seguros a agilizar los trámites para la resolución de las indemnizaciones. Cumplidos ya cuatro meses de la tragedia muchas empresas de hostelería, al igual que sucede con otros sectores, permanecen en una situación de incertidumbre al no conocer la cuantía de las indemnizaciones que les corresponde ni el plazo de cobro, lo que impide la planificación. Muchas empresas se encuentran en un escenario de desconcierto al no saber, incluso, si podrán retomar sus negocios o la demora en los plazos les obliga al cierre definitivo.
