El próximo miércoles 26 de julio, la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados debe someter a convalidación (o derogación) el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea.
Dicho Real Decreto-Ley, aprobado por el Consejo de Ministros y publicado en el BOE el pasado 29 de junio, contiene múltiples medidas sociales y económicas y, particularmente, incorpora diversas cuestiones que resultan de vital importancia para sustentar la competitividad de la economía productiva española en unos momentos en los que, además de la persistencia de los altos precios energéticos y de múltiples materias primas, se está produciendo una crítica desaceleración de la demanda internacional.
La aprobación de medidas como la extensión de la reducción del coste de los peajes eléctricos, la aplicación inmediata del superávit del sector eléctrico para financiar medidas destinadas a mitigar los efectos de la guerra de Ucrania, la actualización de los parámetros retributivos de la cogeneración, la modificación de la Ley 38/2003 General de Subvenciones o las que afectan a la compensación de los costes adicionales debidos al aumento excepcional de los precios del gas natural durante 2022, resultan absolutamente indispensables en este momento.
La Alianza Industrial, constituida por ANFAC (automoción), AOP (refino), ASPAPEL (papel), FEIQUE (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), OFICEMEN (cemento), PRIMIGEA (materias primas minerales), SERNAUTO (componentes de automoción) y UNESID (siderurgia), quiere apelar a la responsabilidad de los diferentes grupos parlamentarios que integran la Diputación Permanente, para que convaliden el citado Real Decreto-Ley, ya que el mismo puede contribuir de forma esencial a paliar la incertidumbre existente entre los distintos sectores productivos que operan en nuestro país.
