- El mecanismo se activaría unilateralmente por la Comisión o por petición de dos Estados miembros
La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, constituida por ANFAC y SERNAUTO (automoción), AOP (refino), ASPAPEL (papel), FEIQUE (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), OFICEMEN (cemento), PRIMIGEA (materias primas minerales) y UNESID (siderurgia) ha enviado esta mañana a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, una carta solicitando que el Gobierno de España se oponga frontalmente a una nueva medida regulatoria que está considerando la Comisión Europea, consistente en un sistema de alerta que obligaría a los Estados miembros a reducir su consumo de gas en unos porcentajes preestablecidos, un mecanismo que se activaría unilateralmente por la Comisión o por petición de dos Estados miembros.
Esta nueva medida se presentaría mañana junto a la ya esperada Comunicación Save gas for a Safe Winter. La Alianza ofrece al Gobierno su apoyo en todo lo que considere necesario para defender los intereses de España y oponerse a esta propuesta por una serie de razones que se detallan en la carta a la vicepresidenta:
- No tiene sentido imponer reducciones de consumo de gas en todos los países por igual, independientemente de su situación particular y de que el gas no consumido pueda o no ser exportado y consumido por otros países de la Unión.
- Forzar paradas industriales en países en los que no es necesario, agravará la escasez de productos esenciales en toda Europa y aumentará el impacto económico de la crisis, poniendo en riesgo el funcionamiento de toda la cadena de valor de la economía europea.
- Los consumidores de gas españoles, domésticos e industriales, vienen financiando desde hace años una gran inversión en infraestructuras de gas, precisamente para reducir el riesgo de dependencia de un solo país suministrador. Este incremento de costes lo hemos asumido para limitar nuestra exposición a cortes de suministro, siendo incoherente que se pueda decidir por parte de la propia Comisión Europea que paremos nuestras fábricas y se genere gratuitamente una caída de actividad y empleo.
- Una propuesta como la contemplada requiere escrutinio completo de las instituciones Comunitarias, no pudiendo escamotearse de su debate al Parlamento y Consejo europeos.
