Empezamos un nuevo ciclo político en las instituciones en un momento de alta sensibilidad para los ciudadanos europeos. El nuevo Parlamento, que se constituirá en julio con los resultados que han dado las urnas, se configurará sobre una mayoría estable en términos similares que en la anterior legislatura. La Comisión seguirá con equilibrios parecidos y tanto la Presidencia del Consejo como el Alto Representante no parece que generen sorpresas. Pero ¿nada cambiará?
Sí, cambiará y mucho. Hemos iniciado un proceso de ampliación que entendemos necesario y, además, se acelera y prevé una vía rápida para la incorporación de Ucrania a la Unión Europea, un país en guerra con Rusia que necesita de nuestro apoyo sin fisuras. Una ampliación que, como la del 2020, necesitará de una revisión de estrategias y normas y en este caso sobre todo de un nuevo escenario de financiación ambicioso.
El sector agrario y alimentario seguirá siendo estratégico para garantizar el abastecimiento de la población y la seguridad alimentaria dependerá de que preservemos una estructura productiva competitiva y que siga manteniendo una balanza comercial positiva como hasta ahora, basada en la capacidad de exportar productos de alto valor añadido y en procesos de innovación en los que Europa mantiene el liderazgo.
Esta nueva legislatura no debería reproducir un esquema falso de enfrentamiento entre productores -agricultores, ganaderos, pescadores- y ambientalistas. La apuesta de la Comisión saliente por liderar a nivel global la necesaria política verde muchas veces se ha traducido en normas muy difíciles de explicar y aplicar en los estados miembros, generando burocracia, pérdida de competitividad y frustración en el sector.
Las protestas que todavía se mantienen son claro ejemplo de que algo falla. El diálogo estratégico propuesto por la presidenta saliente de la Comisión puede ser un buen instrumento para empezar el nuevo mandato. Es imprescindible que se escuche a las organizaciones que conocen la realidad del sector y el territorio: el CESE y el CDR deben tener un papel más activo en el futuro.
El nuevo Parlamento ha perdido a algunos de los clásicos representantes del sector en pasadas legislaturas. Veremos cómo se reconfiguran las comisiones y estaremos atentos al necesario equilibrio entre los intereses económicos, sociales y ambientales. Un nuevo green deal más cercano a la realidad y un seguimiento de los compromisos en el ámbito multilateral, con especial atención a los elementos de reciprocidad y salvaguarda de colectivos específicamente afectados, serán imprescindibles.
Es necesario e imprescindible la revisión de la PAC, ya que esta es mala, no está bien dotada económicamente y no prevé el impacto del ingreso de nuevos Estados especialmente potentes en producción agrícola y ganadera. Al fin y al cabo, a nivel de producción, las empresas del sector que son mayoritariamente familiares y poco dimensionadas necesitan el mismo apoyo previsto para las PYME industriales y de servicios, con el agravante de estar instaladas en un mundo rural cada vez más despoblado y con déficits crecientes de servicios y calidad de vida.
El impacto brutal de la crisis climática, especialmente en el sur y centro europeo, obligan a demandar políticas activas de preservación y uso de dos recursos cada vez más escasos e imprescindibles para la actividad -agua y suelo-, en competencia continua ya no solo con los usos urbanos e industriales tradicionales, sino con la producción de energía renovable que emerge como gran demandante de suelo y agua.
Tendremos que estar muy atentos a esta nueva etapa y con nuestros dictámenes, pero muy especialmente con la labor de lobby en Parlamento, Consejo y Comisión, tratar de influir para que la construcción de esta nuestra Europa tenga en cuenta las necesidades que desde las empresas conocemos a la perfección por estar en contacto permanente con la realidad.
Deseamos lo mejor a los electos y ofrecemos nuestra experiencia y saber hacer para esta etapa que comienza.
Josep Puxeu Rocamora
Representante de FIAB en el CESE
