- Para Mauricio García de Quevedo, Director General de FIAB, estas medidas envían un mensaje negativo a la sociedad porque “retrae el consumo y afecta a la economía y al empleo”.
- El sector solicita al Gobierno de España su intervención para garantizar la unidad de mercado y la competitividad en igualdad de condiciones en todo el país.
La Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) rechaza la reciente aprobación del nuevo impuesto sobre las bebidas azucaradas en el parlamento catalán, incluida en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat.
Para Mauricio García de Quevedo, Director General de FIAB, estas medidas envían un mensaje negativo a la sociedad porque “retrae el consumo y afecta a la economía y al empleo”, además de ser un “impuesto que crea inseguridad jurídica y quiebra la unidad de mercado tan necesaria para garantizar la competitividad de la industria”.
La decisión adoptada por el Parlamento catalán plantea un escenario que penaliza la demanda y castiga el crecimiento, no sólo de la industria de alimentación y bebidas, sino de aquellos sectores vinculados, como el turismo o el canal de hostelería y restauración, claves para el desarrollo de España dentro y fuera de nuestras fronteras.
García de Quevedo recalcó que “estas medidas impositivas crean barreras importantes para las inversiones en nuestro país y afectan directamente al turismo, un sector generador de riqueza, empleo y bienestar.”
Por todo ello, el sector solicita al Gobierno de España que intervenga para garantizar la unidad de mercado y proteja los instrumentos que garanticen la competitividad de la industria y la equidad en todo el Estado.
“No parece razonable que la actividad industrial pueda vivir con la amenaza de iniciativas legislativas o fiscales discriminatorias que pongan trabas a la unidad de mercado y generen dificultades constantes en el desarrollo de la actividad”, destacó el Director General de FIAB.
El sector de la alimentación y bebidas ya había advertido en anteriores ocasiones sobre las consecuencias negativas de esta medida fiscal sobre un sector estratégico para la economía nacional, del que dependen en España medio millón de personas de manera directa y 30.000 empresas, en su mayoría pymes.
