El director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo, ha comparecido ante la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados para exponer la visión del sector sobre el Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que definirá el enfoque del Gobierno a la hora de aplicar en España el marco normativo que plantea la Unión Europea en este ámbito.
Durante su intervención, García de Quevedo ha recordado el compromiso del sector en su doble objetivo de evolucionar hacia un modelo de economía circular donde se mejore el uso, reutilización y reciclado de los envases y residuos de envase, se prevenga el abandono de residuos en el medio o littering y se impulse el mercado de materias primas secundarias con objeto de volver a reintroducirlas en nuevos productos.
El director general de FIAB ha destacado la importancia de contar con un marco normativo armonizado que garantice la seguridad jurídica para las empresas, de modo que se les permita cumplir con la legislación. Para ello, ha dicho, es imprescindible promover la unidad de mercado a nivel europeo, contar con definiciones armonizadas y evitar regulaciones autonómicas dispares que resten competitividad a la industria, así como fomentar medidas de apoyo públicas para las empresas que realicen inversiones en I+D+i y economía circular, para avanzar hacia la transformación verde del sector y la sostenibilidad social, económica y medioambiental.
Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB, durante la comparecencia ante la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
Por otra parte, ha lamentado la intención de ampliación de los costes a asumir por los productores en materia de responsabilidad ampliada, mucho más allá de lo que recoge la Directiva Marco de Residuos, que supondría un impacto para el sector de miles de millones de euros, algo inasumible por la industria de alimentación y bebidas. Esta obligación de financiar los costes de la gestión de los residuos abandonados en el medioambiente o de la limpieza de vías públicas no solo supone una clara desincentivación de las actuaciones a llevar a cabo por otros agentes (administraciones o ciudadanos), sino que resulta contraria a lo que la propia Directiva indica cuando dice que los costes de la Responsabilidad Ampliada del Productor son los derivados de la recogida separada y su posterior transporte y tratamiento.
En lo que respecta a la transposición de la Directiva de plásticos de un solo uso, el director general de FIAB ha asegurado que resulta primordial establecer medidas y objetivos que sean proporcionados y armonizados a nivel europeo y nacional y, en línea con el mandato de la Comisión, no se debería ampliar el alcance de la Directiva a productos que no estén recogidos en su anexo, con el fin de no afectar la libre circulación de bienes envasados en el mercado de la UE.
Así, para poder cumplir con los objetivos obligatorios de incorporación de plástico reciclado en botellas de bebida es necesario asegurar por ley la disponibilidad de una cantidad mínima de plástico reciclado de calidad alimentaria, garantizando normativamente que el material recogido y reciclado se destine a la fabricación de botellas de bebidas. De lo contrario, el sector se verá imposibilitado a cumplir este precepto legal.
Asimismo, ha señalado que para garantizar que exista disponibilidad suficiente de plástico reciclado que cumpla con la legislación de materiales en contacto con alimentos a un precio asequible, resulta esencial impulsar y facilitar este mercado para que la industria de alimentación y bebidas se encuentre en igualdad de condiciones con respecto a otros sectores industriales y de este modo pueda incorporar plástico reciclado en sus envases.
Mauricio García de Quevedo también ha insistido en la importancia de mantener el equilibrio fiscal, limitando el grave impacto del impuesto especial a los envases de plástico no reutilizables sobre el sector, adaptando su alcance a los objetivos medioambientales que persigue, permitiendo nuevas tecnologías de valorización como el reciclado químico y adecuando su entrada en vigor a la situación de crisis actual, con el objetivo de asegurar la competitividad de las empresas y una mayor renta disponible en el ciudadano que contribuya a la recuperación del consumo.
En resumen, para el director general de FIAB, el progreso hacia modelos económicos cada vez más sostenibles depende en gran medida del compromiso de todos los actores implicados, pero lo que resulta clave es asegurar el equilibrio y la proporcionalidad de las medidas, así como la seguridad jurídica que permita a las empresas mantener su competitividad y avanzar con paso firme hacia un futuro circular.
