- Las organizaciones han pedido de forma urgente al Ministerio del Interior que se tomen las medidas necesarias para que el sector del transporte pueda operar de forma fluida y con garantías
- Las empresas del gran consumo están sufriendo retrasos e incidencias en las entradas y salidas de sus plataformas de distribución
Ante las movilizaciones y manifestaciones llevadas a cabo por los agricultores en diferentes puntos del país, las organizaciones de la cadena de valor del gran consumo (AECOC, ACES, ANGED, ASEDAS y FIAB) desean incidir en la importancia de que éstas no se llevan a cabo a costa de paralizar la libre circulación de mercancías y personas como ya está sucediendo en varios puntos del país.
De hecho, algunas compañías reportan ya retrasos e incidencias en las entradas y salidas de sus plataformas en Cataluña, Madrid, Castilla y León o Levante, entre otras zonas, si bien no se prevén problemas de abastecimiento a los puntos de venta.
Las organizaciones de la cadena de valor del sector respetan el derecho del sector primario a trasladar sus reivindicaciones a las autoridades competentes -especialmente en un momento de gran complejidad para todos los operadores de la cadena de valor- pero consideran que éstas no pueden llevarse a cabo perjudicando a otros colectivos, como el del transporte de mercancías, o el conjunto de la sociedad.
En ese sentido, conviene destacar que las organizaciones que integran a los diferentes eslabones de la cadena de valor (sector primario, industria y distribución alimentaria) llevan ya mucho tiempo alertando del gran impacto que, para todos los operadores, tiene la presión regulatoria tanto a nivel europeo como nacional, especialmente en el actual contexto de inflación.
Ante la situación actual, las organizaciones consideran que si bien todas las reivindicaciones son legítimas no lo son todas las formas para tratar de alcanzarlas. Por ello, han hecho un llamamiento a las autoridades competentes, incluido el ministro del Interior, para que tomen las medidas necesarias a fin de garantizar la libre circulación de personas y mercancías.
Las organizaciones instan a todas las partes implicadas a trabajar, desde el diálogo y la colaboración, en la búsqueda de propuestas de futuro destinadas a compatibilizar el desarrollo económico, el equilibrio medioambiental y el bienestar ciudadano.
